El acusado cumplía condena por homicidio y agredió a varios funcionarios de la prisión madrileña
La sentencia condena también al Estado y denuncia la falta de medios de los funcionarios de prisiones.
Un preso de la cárcel madrileña de Navalcarnero ha aceptado cinco años y tres meses de cárcel por agredir a cuatro funcionarios del centro durante una pelea, rompiendo el dedo a uno de ellos y arrancando media oreja a otro. La sentencia condena también al Estado a hacerse cargo de las indemnizaciones de los agentes, atribuyendo "tal vez" la reacción tardía del centro al "dato notorio consistente en la reiteradamente denunciada carencia de personal padecida en el ámbito penitenciario desde hace tiempo".
Los hechos, según la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, ocurrieron en el centro penitenciario Madrid IV de Navalcarnero en julio de 2018. El acusado cumplía una condena impuesta cuatro años antes por homicidio y lesiones cuando se enfadó porque no le habían dejado hablar con otro interno: arrancó la pata de una mesa, que entregó voluntariamente, y empezó a agredir a los funcionarios que intentaron llevarle al módulo de aislamiento.
El primer funcionario se llevó un puñetazo y las gafas rotas, el segundo un dedo roto, el tercero otro puñetazo y el cuarto se fue al suelo para ver cómo el preso se ponía de rodillas y le arrancaba media oreja de un mordisco. El agente del dedo roto tardó 60 días en curar de sus heridas y el de la oreja mutilada 48 días pero teniendo un "perjuicio estético moderado" en la zona por el mordisco que le propinó el preso.
La Audiencia Provincial de Madrid acaba de sellar en una sentencia el acuerdo al que la defensa del preso llegó con la Fiscalía y las acusaciones: cinco años y tres meses de prisión por un delito de atentado y otros tres de lesiones. Para lo que no hubo acuerdo fue para las indemnizaciones: en total pagará casi 30.000 euros a los agentes a los que atacó, declarando responsable civil subsidiario al Estado.
Funcionarios de prisiones
La sentencia, que ha tenido como ponente al magistrado Carlos Águeda, no tuvo que debatir la pena acordada de cárcel pero sí las indemnizaciones para los agentes, y decide además condenar al Estado como responsable civil subsidiario de estas cantidades. Los jueces conceden que el acusado no utilizó ningún instrumento peligroso pero sí que los funcionarios no tenían medios para defenderse y que la propia dirección de la cárcel reaccionó tarde.
"No consideramos admisible que, una vez que se inicie un conflicto, como en el presente caso, provocado por un interno, las medidas empleadas por el centro, mediante la presencia de otros efectivos que contaran con material para la reducción, se produjera con una tardanza suficiente como para que la agresividad del acusado se tradujera en consecuencias de cierta seriedad", dice la sentencia.
Todo esto sucedió "sin que la capacidad del establecimiento penitenciario diera adecuada respuesta, tendente a minimizar o evitar el resultado" y, añaden los jueces, "tal vez por el dato notorio consistente en la, reiteradamente denunciada, carencia de personal padecida en el ámbito penitenciario desde hace tiempo". En la misma cárcel, un año antes, un preso había arrancado una oreja a otro durante una pelea.
Comments