El despacho Ayuda T Pymes ultima los detalles para la presentación de una demanda contra el Gobierno, que busca sufragar los daños ocasionados en miles de negocios a causa de las medidas aplicadas por el Ejecutivo central durante la pandemia y la revisión de la responsabilidad patrimonial del Estado, siguiendo lo estipulado por la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los Estados de Alarma.
Según un reciente estudio de ATA, uno de cada tres autónomos declara pérdidas en 2020 superiores a 30.000 euros y dos millones de trabajadores por cuenta propia cifraron sus pérdidas en más de 15.000 euros. Por lo que, según ATA, en total, los trabajadores por cuenta propia españoles han perdido de media más de 20.000 euros en 2020 por la pandemia, lo que se traduce en más de 65.000 millones de euros.
Desde el despacho jurídico aseguran que con la presentación de esta demanda contra el Gobierno se pretende aunar esfuerzos y poner sobre la mesa las herramientas para apoyar legítimamente los derechos del colectivo de trabajadores por cuenta propia en nuestro país, dedicados al desarrollo de actividades especialmente vulnerables como la hostelería y sectores directamente dependientes de la misma, que han soportado el daño derivado de las obligaciones impuestas por el Estado para contener la pandemia.
"Nos gustaría aclarar que todo este proceso no tiene nada que ver con una postura en contra de ningún partido o ideología política. Se trata de una solicitud legítima, amparada en la normativa vigente y en los derechos que dicho marco regulador garantiza a los ciudadanos ante la situación por la que atravesamos. En este caso, la de miles de negocios insertos en sectores especialmente vulnerables como es el hostelero y todas las actividades que dependen prácticamente al cien por cien de la hostelería y la restauración, puestos de trabajo vinculados a estas empresas y las familias que viven de esos ingresos.", señala Alfredo Pérez, CEO de Ayuda T Pymes.
Con esta acción, más allá, se procederá a la reclamación del reconocimiento del sacrificio y el perjuicio ocasionado, en vistas de solicitar una indemnización por la caída de ingresos, la quiebra de muchos negocios y la consiguiente pérdida de puestos de empleo; ante la ineficacia de las medidas llevadas a cabo por las instituciones responsables con el objetivo de minimizar dichos daños como son los Erte por fuerza mayor, permisos retribuidos recuperables, prestación extraordinaria para autónomos, entre otras.
Cabe recordar que las pequeñas compañías de nuestro país son las grandes pagadoras de la crisis económica. De hecho, un 99,7% de las casi 68.000 empresas que se han destruido durante este ejercicio en nuestro país cuenta con menos de 50 trabajadores en su plantilla. Más allá, el dato lo refrenda la situación crítica de los autónomos en nuestro país, principalmente aquellos con negocios de hostelería, restauración, pequeños comercios de proximidad o actividades relacionadas con el turismo. De hecho, buena parte de la destrucción de estas compañías con menos de 50 empleados corresponden a estos sectores de actividad.
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